Él y su esposa, Nicole Burgos, también creadora de contenidos digitales, fallecieron en una función de circo en la ciudad costera de Manta (Ecuador)
El influencer Cristhian Nieto y su esposa, Nicole Burgos (también creadora de contenidos digitales), han sido asesinados a tiros esta noche en la ciudad costera de Manta, en el oeste de Ecuador, cuando acudían a una función circense.
De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, un tiroteo se registró cuando decenas de personas, entre ellas muchos niños, hacían fila y empezaban a ocupar sus asientos en un circo. El periodista Josué Suárez también resultó herido cuando transmitía en vivo por internet el ingreso de las personas al circo. Nieto, que también era legislador alterno (de reemplazo) por el movimiento Revolución Ciudadana, había acudido al espectáculo por ser uno de los organizadores, como homenaje por el Día del Niño que se celebra el 1 de junio, según varios portales digitales.
Espiral de violencia en el país
Este crimen de personas de la vida política y pública de Ecuador se ha repetido en varias ocasiones en los últimos años. En marzo pasado, Brigitte García, alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente, también en la provincia de Manabí, fue asesinada a tiros, pese a que entonces regía un estado de excepción decretado por el Gobierno para frenar la espiral de violencia que se había registrado a principios de año. García, de 27 años, era considerada la alcaldesa más joven del país y también era militante del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El crimen de García había ocurrido a menos de dos meses del asesinato a tiros de Diana Carnero, concejal del municipio costero de Naranjal, en la provincia de Guayas, ocurrido el 7 de febrero y también en medio del estado de excepción. Carnero, de 29 años, fue acribillada por sicarios en plena vía pública en Naranjal, un municipio cercano a la ciudad portuaria de Guayaquil.
El presidente Daniel Noboa declaró a principios de enero, cuando no llevaba ni dos meses en el poder, un estado de excepción y decretó una situación de conflicto armado interno para intentar frenar la espiral de violencia en las cárceles y en las calles a escala nacional, atribuida a grupos del crimen organizado.
Al declarar el “conflicto armado interno”, el Gobierno identificó al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó “como organizaciones terroristas” y “actores no estatales beligerantes”.
Plan Fénix
La espiral de violencia se desató justo después de que el presidente Noboa anunciara su decisión de poner en marcha su Plan Fénix, con el objetivo de recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades han dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias. Esa violencia también se trasladó a las calles hasta convertir a Ecuador en uno de los países más violentos de la región, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.
Espiral de violencia en el país
Este crimen de personas de la vida política y pública de Ecuador se ha repetido en varias ocasiones en los últimos años. En marzo pasado, Brigitte García, alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente, también en la provincia de Manabí, fue asesinada a tiros, pese a que entonces regía un estado de excepción decretado por el Gobierno para frenar la espiral de violencia que se había registrado a principios de año. García, de 27 años, era considerada la alcaldesa más joven del país y también era militante del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El crimen de García había ocurrido a menos de dos meses del asesinato a tiros de Diana Carnero, concejal del municipio costero de Naranjal, en la provincia de Guayas, ocurrido el 7 de febrero y también en medio del estado de excepción. Carnero, de 29 años, fue acribillada por sicarios en plena vía pública en Naranjal, un municipio cercano a la ciudad portuaria de Guayaquil.
El presidente Daniel Noboa declaró a principios de enero, cuando no llevaba ni dos meses en el poder, un estado de excepción y decretó una situación de conflicto armado interno para intentar frenar la espiral de violencia en las cárceles y en las calles a escala nacional, atribuida a grupos del crimen organizado.
Al declarar el “conflicto armado interno”, el Gobierno identificó al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó “como organizaciones terroristas” y “actores no estatales beligerantes”.
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