En Santander de Quilichao apareció una valla de la columna “Jaime Martínez”, de las disidencias de las Farc, con órdenes a la población civil, sembrando temor entre la ciudadanía. La alcaldesa, Lucy Amparo Guzmán, le pidió al ministro de Defensa, Iván Velásquez, visitar la región.
Fue en septiembre pasado, pocos días después del inicio del gobierno de Gustavo Petro y cuando se daban los primeros anuncios de la búsqueda de la “paz total”, que Lucy Amparo Guzmán, alcaldesa de Santander de Quilichao, población enclavada estratégicamente en la zona norte del Cauca, pidió que dicha estrategia iniciara por este departamento. “Le pido al Gobierno Nacional, al presidente Gustavo Petro, que la paz inicie por el Cauca, por este municipio azotado por la violencia. Y elevo un llamado a las ONG internacionales para llevar a una solución definitiva este terror que golpea la tranquilidad de los que habitamos esta tierra”, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter, en momentos en que una ola de asesinatos azotaba las calles de la localidad.
Cuatro meses después, en medio de anuncios de cese al fuego con cinco de las organizaciones armadas ilegales y de diálogos con el Eln, en el Cauca no ha cambiado nada y el clamor sigue siendo el mismo: “Queremos hacer un llamado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que visite nuestro municipio y nuestra región. Es prioritario y urgente hacerle frente a esta problemática que se presenta desde hace varios meses”, manifestó Guzmán, también en Twitter, el lunes pasado, haciendo referencia a la aparición durante el fin de semana de una valla del frente “Jaime Martínez” de las disidencias de las Farc, que apareció instalada en el barrio El Porvenir.
“Prohibido transitar con los vidrios arriba y con casco. Porte su carta de recomendación y papeles de vehículos. No se permite el ingreso de vendedores ambulantes externos al territorio. Construyamos un territorio seguro para todos y todas”, dice la valla, dejando una sensación de zozobra y temor entre los quilichagüeños. Es por hechos como estos que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se vio obligado a dar recientemente un ultimátum a las disidencias de las Farc: “O todas sus estructuras acatan el cese al fuego bilateral que se ha acordado o el Gobierno no podrá sostenerlo”, les dijo.
Cese al fuego o mínimas señales de paz que todavía no se ven en el norte del Cauca. Las cifras, al menos las que se conocen porque mucho se habla de un subregistro, advierten que la situación en la zona rural de Santander de Quilichao es crítica. Un documento de Andrés González Díaz, director del Centro de Análisis de Datos (Delfos), de la Universidad Externado, en el que se reseña que en 2022 hubo 12.221 homicidios en Colombia, recalca que la violencia estuvo concentrada especialmente en Arauca, Putumayo, Cauca, Chocó, Guaviare y el Valle del Cauca, regiones donde la tasa de homicidios supera en la mayoría de los casos el doble del promedio nacional y presentan aumentos vertiginosos durante lo corrido del año.
El informe revela además que las ciudades intermedias con más casos de homicidios se concentran en la región del Pacífico, con más intensidad en Valle Del Cauca Y Chocó. Entre ellas están Tumaco, Quibdó, Buenaventura, Pereira y Santander de Quilichao. Precisamente en esta última los casos aumentaron con respecto a 2021: se pasó de 83 a 129 homicidios, lo que implica un aumento del 55.42%. Una situación crítica que, se sabe, está más que sobre diagnosticada. Tal y como lo reseñó El Espectador en un artículo de septiembre del año pasado, en el norte del Cauca la firma del Acuerdo con las Farc no ahuyentó el conflicto y, por el contrario, este se ha intensificado.
La región, que integran los municipios de Toribío, Corinto, Miranda, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Padilla, Puerto Tejada, Guachené, Villa Rica, Jambaló y Caldono, es un eje estratégico para el tráfico de drogas y armas en el paso hacia el Pacífico y la conexión hacia el sur del Tolima y del Huila, que ahora se disputan las disidencias, con sus columnas “Jaime Martínez” y “Dagoberto Ramos”; el Eln, las bandas criminales, el narcotráfico (incluyendo, dicen, los carteles mexicanos) y la delincuencia común. Además, la minería ilegal y la disputa de tierras entre las mismas comunidades indígenas, afros y campesinas azuzan hoy la confrontación.
Y aunque el ministro del Interior, Alfonso Prada, llegó a decir que el Cauca sería una “enorme prioridad” para el nuevo gobierno, pues “si logramos la paz integral y total en este territorio, no me cabe la menor duda de que podemos soñar con tener la paz total en Colombia”, hasta el momento lo que se ve es que el Estado no ha sabido responder al desafío de la seguridad en el departamento, ni les ha dado continuidad a las pocas acciones que se han tratado de implementar para resolver una crisis que parece irremediable.
De hecho, desde agosto de 2022, a través de la Alerta Temprana 019, la Defensoría del Pueblo le advirtió al Gobierno sobre la “inminente situación de riesgo de vulneración de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en la que se encuentran aproximadamente 89.132 persona. Estas corresponden a habitantes de la zona rural de los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caldono, que en su gran mayoría hacen parte de procesos organizativos étnicos (resguardos indígenas, cabildos y consejos comunitarios).
En Santander de Quilichao, se encuentra en riesgo la población asentada en los sectores de Lomitas Arriba y Lomitas Abajo, Mazamorrero, San Francisco, El Palmar, Mandivá, La Agustina, La Chapa, Mondomo, San Isidro, Caimito, El Turco, Las Vueltas, Tres Quebradas y Cachimbal, afectando particularmente la población indígena asentada en los resguardos indígenas de Canoas, La Concepción, Guadualito y Munchique de los Tigres, así como también las comunidades afrodescendientes de los consejos comunitario de Zanjón de Garrapatero, Aires del Garrapatero y Afro Lomitas.
El documento señala que en este territorio se evidencia la exacerbación del conflicto armado y la violencia por la disputa territorial que se viene presentando en las zonas fronterizas de Santander de Quilichao y Buenos Aires, así como los límites entre Santander de Quilichao y Caldono. “Lo anterior estaría motivado fundamentalmente en el interés que tienen los grupos armados ilegales en que se incrementen los cultivos de uso ilícito y laboratorios para el procesamiento de pasta base, y ejercer el control sobre rutas para la comercialización, no solo de pasta base, sino también de marihuana (actividades ilícitas que financian el crecimiento, expansión y consolidación de estas estructuras)”, agrega la Defensoría.
En concreto, la confrontación armada se está dando en estos momentos entre facciones disidentes de las antiguas Farc, adscritas al llamado “Comando Coordinador de Occidente (CCO), particularmente por medio de sus columnas móviles “Dagoberto Ramos” y “Jaime Martínez”, ya consolidadas en esta zona, que pretenden repeler la dinámica expansiva de la también facción disidente autodenominada “Segunda Marquetalia”, que presuntamente estaría ingresando a estos territorios en alianza presuntamente con comisiones del Eln.
Un escenario de guerra que implica un ingrediente más: la oposición y resistencia a estas organizaciones armadas por parte de las comunidades étnicas, que como se sabe ejercen controles territoriales propios. Ello ha provocado el aumento en las amenazas y atentados contra las autoridades étnicas, así como homicidios selectivos, masacres, desplazamiento forzado, confinamiento y restricción a la movilidad de la población civil en general.
Lo que se viene pidiendo desde el año pasado es la adopción de medidas urgentes que garanticen la prevención de infracciones al DIH y violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad y libertades civiles y políticas de la población que habitan en esta región. Una fuente en Santander de Quilichao, pidiendo la reserva de su nombre, señaló que lo que se necesitan son golpes contundentes, pero el tema de inteligencia es muy débil y el control de la zona rural es muy complicada. Las órdenes de captura contra líderes de las organizaciones armadas no se hacen efectivas. En los últimos meses hubo ataques con artefactos explosivos, dos de ellos contra las cámaras de fotomultas en el municipio, y la preocupación es que “si no hay más bombas es porque no se les da la gana”. La gente se pregunta hasta cuándo esta incertidumbre y clama porque los anuncios de cese al fuego se hagan realidad.
Articulo: El Espectador
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