8 de julio de 2026

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Mesa de Seguridad Departamental refuerza la protección de las sedes judiciales en el Cauca

Con el firme propósito de salvaguardar la institucionalidad, garantizar el acceso a la justicia y proteger la vida de los servidores públicos, la Gobernación del Cauca –a través de la Secretaría de Gobierno y Participación– articuló una Mesa de Seguridad extraordinaria. Este espacio técnico interinstitucional se convocó para diseñar y coordinar acciones de choque orientadas a fortalecer la seguridad perimetral de las sedes judiciales ante las complejas situaciones de orden público que registra el departamento.

Bajo la premisa del gobierno #LaFuerzaDelPueblo, el encuentro reunió a delegados de la rama judicial, entes de control, delegados de las administraciones municipales y los altos mandos de la Fuerza Pública (Ejército Nacional y Policía Nacional), unificando una estrategia conjunta para mitigar cualquier factor de riesgo contra la infraestructura de la justicia.


Acciones inmediatas para blindar la infraestructura de justicia

Durante la sesión, las autoridades evaluaron el nivel de riesgo de cada municipio y definieron una hoja de ruta con medidas preventivas inmediatas:

  • Dispositivos especiales de vigilancia: Incrementar la presencia e implementar patrullajes constantes de la Policía y el Ejército en los alrededores de juzgados y fiscalías.
  • Inteligencia y monitoreo: Activar canales de comunicación directos y alertas tempranas entre los administradores de los despachos judiciales y los cuadrantes de seguridad.
  • Garantías operativas: Asegurar entornos confiables para que los jueces, fiscales y personal administrativo puedan desarrollar sus labores sin presiones ni amenazas.

Institucionalidad fuerte para el bienestar ciudadano

La Gobernación del Cauca enfatizó que la protección de la rama judicial es un pilar fundamental para sostener la democracia y mantener el orden social en las regiones. Al articular estos esfuerzos institucionales, la Secretaría de Gobierno reafirma su compromiso de ofrecer mayores garantías de seguridad tanto a los funcionarios como a la ciudadanía que acude a estos espacios, asegurando que la administración de justicia no se detenga en el territorio.


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